En un contexto marcado por fenómenos climáticos extremos y daños sin precedentes en el sur tucumano, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció una nueva medida de alto impacto social: el Gobierno provincial bonificará el 100% de la factura eléctrica durante seis meses para cerca de 10.000 familias y comercios afectados por las inundaciones.
La iniciativa, enmarcada en el Plan Bonificar y con una inversión de $3.300 millones, fue oficializada tras una reunión con intendentes y comisionados comunales, consolidando una estrategia que el Ejecutivo define como “presencia permanente del Estado” frente a la emergencia.
Acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros, Jaldo subrayó que la medida no es aislada, sino parte de una política sostenida de asistencia desde el inicio de las lluvias: “Esto es un paliativo más. Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la luz para que las familias puedan recuperarse”, afirmó.
El beneficio alcanzará a localidades fuertemente golpeadas como La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, Aguilares y Las Salinas, donde el impacto de las crecidas —potenciadas por niveles históricos en diques como El Cadillal y Escaba— dejó a miles de hogares bajo el agua y con pérdidas materiales significativas.
Desde el Gobierno provincial remarcan que la asistencia no se limitó a la etapa posterior al desastre. Hubo planificación previa —como cortes preventivos de energía—, intervención durante la emergencia y ahora un esquema de recuperación que incluye subsidios directos. En ese sentido, el titular del ente regulador de energía, José Ascárate, detalló que el organismo absorberá el costo total de tres bimestres de consumo, incluyendo residencias, comercios y pequeñas industrias.
“El Estado estuvo antes, durante y después”, sintetizan desde la Casa de Gobierno, en una línea discursiva que busca reforzar el rol activo de la gestión frente a la crisis.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Agustín Fernández, destacó que la identificación de beneficiarios se realizó con criterios técnicos y territoriales, priorizando a quienes sufrieron mayores pérdidas. “Se trata de dar respuestas concretas y rápidas en un momento crítico”, señaló.
La medida también fue valorada por autoridades locales, que ven en el subsidio un alivio directo para economías familiares y productivas golpeadas. En Aguilares, por ejemplo, ya no quedan evacuados, pero aún persisten daños en infraestructura básica, como establecimientos educativos.
El anuncio se inscribe en una narrativa política clara: frente a eventos climáticos cada vez más intensos, el Gobierno de Tucumán busca posicionarse como un Estado activo, con capacidad de respuesta inmediata y sostenida en el tiempo. La bonificación de tarifas no solo apunta a mitigar el impacto económico, sino también a reconstruir el tejido social en las zonas más afectadas.
En medio de la emergencia, la gestión provincial apuesta a un mensaje contundente: la salida no es individual, sino colectiva, con un Estado presente que acompaña, interviene y sostiene.